En relación con el Decreto de Hábitat [que no de Habitabilidad] y Galego [que no de Galicia] —parece que a lo nacionalistas se les
caen las letras— y el férreo control que éste establece sobre la producción
arquitectónica de promoción privada, cabe resaltar que éste incorpora, por
primera vez en una norma técnica de edificación, el contenido de los artículos
de la eufemísticamente llamada "NORMATIVA
AMBIENTAL" de la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia
[LOUGA], y sus equivalentes de la anterior Ley del Suelo de Galicia.
Dichos artículos los Nº 29, Nº 42 y Nº 104 de la LOUGA confieren
a los técnicos municipales el papel de vigilar la estética de las edificaciones,
convirtiéndolos de hecho en sus guardianes, y con ello, de un plumazo, en improbables
críticos de arquitectura, a la par que en sus censores, dado que, actuando siempre
a su libre albedrío, como los clientes caprichosos que no son, pueden vetar alegremente
todo aquello que simplemente no les guste, estilísticamente hablando, de un
proyecto.
La introducción de un concepto jurídicamente
indeterminado, de evidente discrecionalidad, como es el de la calidad
arquitectónica, no se compagina en absoluto con el acto reglado que debería ser
la concesión de una licencia urbanística. Como dice el Tribunal Supremo "no solo es reglado el acto de la concesión sino
también el contenido de la licencia; la licencia como técnica de control de una
determinada normativa no puede desnaturalizarse y convertirse en un medio de
conseguir, fuera de los cauces legítimos, un objetivo distinto".
En el caso de la Comunidad Valencianala LOUGA — queda autoeximida del cumplimiento de su
propia normativa "ambiental". Hacen muy bien en escaquearse. Ello es
así por tres razones:
En particular, en las
normas subsidiarias de Arcade [Soutomaior], redactadas por Consultora Galega, sus
condicionantes pseudoestéticos resultan particularmente brutales y, en materia
de planes especiales, el Plan Especial
de Edificios a Conservar [PEEC] de Vigo, desbordando su propia denominación,
se mete a condicionar estilísticamente toda la obra nueva del centro. De hecho
su Comisión de Seguimiento es lo más parecido, que se pueda encontrar en la Europa del siglo XXI, a un
tribunal de la
Inquisición. Partiendo además del principio físico de que
toda situación, por mala que sea, será siempre susceptible de empeorar, todo
apunta a que el nuevo Plan del Ensanche,
dirigido por arquitectos argentinos, que lo sustituirá, va a ser aún peor.
Se impone la mediocridad. Ello conlleva un
recorte escandaloso de atribuciones profesionales a los arquitectos en materia
de vivienda, a los cuales se les rebaja del prestigioso papel de diseñadores de
los espacios sociales a meros plasmadores subsidiarios de las ideas y obsesiones
identitarias de terceros. Funcionarios, como es el caso de los abogados que
elaboran los informes urbanísticos, censuran y corrigen proyectos
arquitectónicos. El resultado final es empobrecedor, opresivo y monótono.
No obstante, y de la misma forma que la aparición
de un alijo de armas en un contenedor de patatas no permite homologar los
fusiles de asalto con ninguna extraña variedad de tubérculos, tampoco se puede
aceptar que la determinación de como se deban edificar las fachadas y cubiertas
de los edificios sea materia urbanística y no arquitectónica.
En el caso del Decreto de Hábitat, el desenfreno
maximalista lleva por un lado a sus redactores a caer en autenticas
contradicciones, como es el caso de los patios mínimos de ventilación, a los
cuales se les amplían considerablemente sus dimensiones —más allá de los recientes
16 m2 de
la CTE — al mismo
tiempo que se les restringen drásticamente sus posibilidades de utilización, lo
que resulta del todo incoherente. A veces, como diría Mies Van der Rohe, querer
mucho más conlleva obtener mucho menos.
Partiendo además del conocido principio de que lo
mío es mío, y lo de los demás también, la norma se mete a saco a pontificar sobre
Arquitectura, condicionando totalmente el programa de superficies y distribución
interior de las viviendas, bloqueando con ello su eventual evolución, yendo
mucho más allá de lo que, en rigor, como norma técnica de edificación, que se
supone que debería ser, le corresponde.
Al hacerlo así se están invadiendo competencias, o
prerrogativas sobre decisiones, que, en un mercado supuestamente libre de vivienda,
le deben corresponder al arquitecto —responsable técnico de la obra—, de
acuerdo con su cliente —que pone el dinero—. Cosa bien distinta es que, a la
hora de acometer sus propias promociones —que no las de los demás—, y en su
calidad de encargante, la administración autonómica ponga a sus arquitectos las
condiciones que considere más oportunas.
No obstante, donde realmente empieza a enseñar la
patita etnográfica el DHG es en la relegación de las ventanas inclinadas para
cubiertas. Las velux poseen la virtud —o el defecto según se mire—, de dotar de
un cierto aire de modernidad a algo tan vetusto como un tejado. El decreto prohíbe,
sin justificación alguna, la ventilación de locales bajo cubierta empleando únicamente
este sistema, lo que deriva en la necesidad, artificiosamente impuesta, de
volver a las buhardillitas decimonónicas, las cuales proliferarán como setas, lo
que delata el tradicionalista efecto perseguido.
Con todo lo peor, porque contribuye a su
consolidación, es la traslación de las normas ambientales de la LOUGA al repetido decreto,
dando de rebote la razón a un servidor, al dejar implícitamente claro que la determinación
del diseño de fachadas y cubiertas no es, efectivamente, materia urbanística.
Si de verdad se quisiera, circunstancia que es
muy dudoso que concurra, mejorar la calidad de la producción arquitectónica
autóctona, la señora Táboas hubiera debido empezar, cuando era Decana del COAG,
por tratar de dignificar la profesión combatiendo el firmonismo —los
arquitectos que, por interés, firman proyectos que les traen hechos— que la
asola, cosa que evidentemente no hizo. El hecho es que cuando se
instrumentaliza algo, ya sean personas y/o disciplinas artísticas, estas son
las primeras que salen perdiendo.
Poner el control de las manifestaciones
artísticas de promoción privada en materia de Arquitectura, o de cualquier otra
índole, en manos de la
Administración es cuando menos peligroso. Una barbaridad, de
raíz absolutamente fascista, que solo se entiende en el marco de un país, como
es el caso de Galicia, de escasa tradición democrática, en el que la falta de
valor cívico se disfraza de prudencia.
Como ha reconocido, muy ufana, la misma
conselleira Teresa Táboas, controlando la vivienda se controla el 80% de la
producción arquitectónica de un territorio. En consecuencia lo que se espera de
los funcionarios es que atiendan las citadas consignas prohibicionistas, es
decir que pongan las formas y materiales de la arquitectura de promoción
privada al servicio de intereses políticos, actividad a la que no todos, cosa
que les honra, se prestan con el mismo nivel de entusiasmo.
Con todo donde realmente demuestra el DHG ser la "solución
final" al problema de la creación arquitectónica es en su Anexo. IV, al decir que la norma "debe dar respuesta al dinamismo actual de la sociedad
facilitando la aparición de soluciones innovadoras… la creatividad
arquitectónica constituye un valor que debe fomentarse y que cuando se utiliza
con la finalidad más noble de investigar" [se supone que no con la
de fastidiar a los nacionalistas] "puede dar lugar a viviendas experimentales con un
grado de calidad que las normas no deben limitar… Para facilitar estas iniciativas
se establece un procedimiento especifico".
En realidad la autentica Arquitectura —la que se
escribe con mayúscula— tendrá siempre un marcado carácter innovador —la
vanguardia siempre irá por delante— lo demás será simple construcción, buena o
mala. De hecho la vivienda, especialmente la unifamiliar, siempre ha sido un
campo tradicional de experimentación, en formas y materiales, de la arquitectura
contemporánea. Pues bien, eso en Galicia se ha acabado.
El mensaje, meridianamente claro, es que todo lo
que pretenda salirse de la mediocre trivialidad endogámica deberá remitirse al inquietante
"procedimiento específico". Quedando en el aire una
cuestión bipolar. Si resulta que la creatividad, según dicen ellos mismos, es
un valor, consagrado en la
Constitución , que debe fomentarse, el cual además, como
siguen explicando, no debe ser limitado por norma alguna, entonces, ¿por qué la
han suprimido o preterido?
Asumiendo que la creación arquitectónica ya ha periclitado,
arrollada por su propio DHG, asunción
implícita en el propio texto —Si no ¿para que se necesita el mentado "procedimiento específico"?—, las lumbreras que lo
redactan, plantean, a continuación, un insólito "procedimiento
especial"
—muy especial— que posibilite que los encargantes, interesados en ello, puedan
construir las edificaciones que la Consellería de Vivienda, no ellos, estime como
interesantes e innovadoras.
El invento en cuestión —descrito en el DHG como concursal
y totalmente intervenido por la administración autonómica— recuerda, respecto
del papel que asigna a los promotores, al caso de aquel mercader fenicio que, en
el puente de su barco, explicaba, a un asombrado Asterix, la sociedad mercantil
constituida con su tripulación. El tipo, como director general, era el humilde "socio
sin derecho a remo". En cambio sus "estimados asociados", de
pleno derecho, sudaban en los bancos.
En el caso de referencia los promotores asumen indudablemente
el amargo papel de "socios con derecho a remo", en la medida en que les
corresponderá pagar todo y no decidir nada, mientras que la Consellería de Vivienda,
instalada en el cómodo lugar de "socio sin derecho a remo", lo decidirá
todo y además no pagará nada. Será a eso a lo que en la Consellería llamarán
—conteniendo la risa— mercado libre de la vivienda.
Para el caso de los arquitectos, tales
privilegios ventajistas del tinglado étnico serán administrados por la señora conselleira
de vivienda, la cual, transmutada en Reichführer de las Artes para Asuntos de Arquitectura,
y acompañada de sus adláteres del COAH, organizará las explicadas subastas de derechos constitucionales, seleccionando,
con ellas, a los felices beneficiarios de semejante prebenda, que serán, con
toda probabilidad, los que mejores relaciones mantengan con el poder autonómico.
Y así es como, mágicamente —nada por aquí, nada
por allá—, se ha conseguido transformar lo que inicialmente era un derecho
constitucional —que estaba, pero se fue, y ya no está— de todos los arquitectos,
y por ende de los ciudadanos —como futuros encargantes y/o usuarios de las
edificaciones—, en el privilegio de unos pocos seres, supuestamente excelsos.
La maquinación, todo hay que decirlo, está
astutamente concebida. Por un lado, se refuerza la estructura clientelista del
país, evitando, de paso, que los arquitectos aspirantes a beneficiarios de la
explicada artimaña aborigen se deslocalicen al campo de los revoltosos. Por
otro, los progenitores de la maligna criatura, se dotan de una eficaz tapadera,
o tupida red de camuflaje, la cual facilitará mucho el escamoteo, a
observadores poco avispados, de lo que, por detrás del engañoso y rutilante escaparate,
se traen entre manos. ¿¡Prohibir nosotros la arquitectura moderna!?… ¿¡la
creatividad arquitectónica!?... ¿¡Nosotros!?... ¡Que disparate!
Naturalmente el citado Anexo IV —combinado con el
síndrome de "Estoeselcolmo"— explica en parte, y por sí mismo, la
alegre acogida que la cúpula del COAG dispensó al sibilino decreto, que no es, conviene
resaltar, ni mucho menos, lo mismo que el sufrido y maltratado colectivo de
colegiados.
La otra parte de la explicación estaría en el
propio logotipo del Colegio, fofo y blandengue, indudablemente el peor de
España —con el compás y la rosa había, al menos, un poco de clase—. Se trata de
un intencionado arco medieval de medio punto, resuelto con dovelas de piedra,
con el cual se pretende representar, muy pérfidamente, a la arquitectura
gallega contemporánea. Aunque bien mirado, también podría tratarse del esbozo
de un pollo, con los pelos de punta, horrorizado ante lo que está pasando. Ciertamente
no es para menos. Como decían en Mayo de 1968, no todos moriremos idiotas.
